Prisión preventiva oficiosa para someter y encarcelar opositores.
LA ESTOCADA/ Jerónimo Gurrola
Aclaro que no soy abogado y que opino más por sentido común, como muchos de quienes sin haber cometido delitos o delitos no graves, permanecen privados de su libertad sin ser juzgados o sentenciados, defendiéndose más por sentido común y atendiendo la realidad que viven, ante las atrocidades y abusos de quienes han gobernado y sobre todo de quienes tienen actualmente el poder, aplicando la prisión preventiva oficiosa para aparentar la aplicación de la justicia y el estado de derecho y saciar sus instintos de venganza.
Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cometería un acto inconstitucional si en su actual debate, reuniendo ocho votos de los ministros, elimina la prisión preventiva oficiosa establecida en el artículo 19 de la Constitución para ciertos delitos. Se estaría dando facultades que la Constitución no le da.
El Poder Judicial solo está capacitado para determinar si una ley es coincidente con la Constitución y con los tratados internacionales, pero no para declarar si una parte o un artículo de la Carta Magna le parece inconstitucional. El único facultado para derogar la prisión preventiva oficiosa como marca la ley es el Congreso de la Unión y la mitad más uno de los congresos de los estados.
Hay dos tipos de prisión preventiva: justificada y oficiosa. En la primera el Ministerio Público tiene que argumentar y sustentar ante un juez por qué el acusado debe seguir su proceso en prisión mientras se determina su situación jurídica.
La prisión preventiva oficiosa es la privación de la libertad de forma automática impuesta por un juez, en tanto se determina la culpabilidad de la persona que está sujeta a un proceso, es decir, los imputados deben permanecer en la cárcel hasta que se determine si cometió o no el delito, tiempo que no podrá ser superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado, pero si concluido ese plazo no ha sido sentenciado, el acusado deberá seguir su proceso en libertad, sin que ello impida imponer otras medidas cautelares.
Son 16 los delitos que contempla la prisión preventiva oficiosa, inculuidos los casos de quienes por hambre o sed, roben comida o un refresco, a pesar de que aún y con la prisión preventiva oficiosa haya poderosos que violen o asesinen sin ser castigados como lo establece la ley.
En México se ha abusado de la medida de prisión preventiva con la falsa idea de que al aplicar esta figura se está haciendo justicia, aunque la prisión oficiosa, no es justicia; es una medida cautelar, que debe aplicarse de manera excepcional, solo en aquellos casos que lo ameriten.
Con esta prisión se están generando incentivos pérfidos. Facilitan a las autoridades un trabajo, pero no garantizan una mayor investigación para que los procesos sean ágiles y efectivos, teniendo como consecuencia que más de 90 mil personas, muchas inocentes, permanecen en las atestadas cárceles por 5, 10, 15 o más años en prisión. Hasta ahora sólo tres de cada 10 personas que estuvieron con esta medida, al final fueron condenadas, la gran mayoría, concluido el proceso, se determinaron inocentes y un “usted disculpe”.
El pasado mes de febrero, entre sus pocas declaraciones acertadas, el presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dejó claro que la prisión preventiva castiga la pobreza, no la delincuencia. Que esa medida “es una condena sin sentencia que castiga, en la mayoría de los casos, la pobreza y no la delincuencia y que estadísticamente afecta más a las personas de las capas más desprotegidas, a los sectores más pobres de la población y a las mujeres”, por lo que llamó a avanzar en la creación de un sistema de justicia que no criminalice a los pobres.
Es curioso que mientras el presidente, con el doblamiento de la Corte y liderazgos de algunas fracciones legislativas, dice que mantendrá la prisión preventiva oficiosa para combatir la inseguridad y garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos, castigando a narcotraficantes y grupos del crimen organizado, en realidad los complace con abrazos, mientras utiliza la ley como garrote para amenazar y someter a sus adversarios políticos.
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