Crece trabajo infantil en México y perjudica su educación.
LA ESTOCADA / Jerónimo Gurrola
Reveladoras resultan las cifras presentadas recientemente por el INEGI e investigadoras alemanas, sobre el incremento y repercusiones del trabajo infantil en nuestro país, y al servicio de quién están los Senadores, supuestos “representantes” y “defensores del pueblo”.
México ocupa el deshonroso segundo lugar entre los países de América Latina con mayor nivel de trabajo infantil, sólo por debajo de Brasil. Cerca de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes se encuentran trabajando y es el sector agropecuario donde se concentra la mayor parte de este trabajo.
Las economístas e investigadoras, Fernanda Martínez Flores y Mireille Kozhaya, del Instituto Renano-Westfalia de Investigación Económica de Alemania (RWI), estudiaron los efectos en la población que tenía entre 14 y 15 años de edad cuando se modificó la Ley Federal del Trabajo (LFT) en 2015, encontrando “un aumento de la matrícula escolar del 2% y una disminución del trabajo infantil del 16%”.
El estudio: “Prohibiciones de trabajo infantil, empleo y asistencia escolar, evidencia de cambios en la edad mínima para trabajar” indica que 25,000 adolescentes que se dedicaban a actividades de trabajo infantil dejaron de trabajar, y casi 50,000 que habían dejado de estudiar para incorporarse a la fuerza laboral, volvieron a la escuela.
El trabajo infantil, está relacionado con los altos niveles de pobreza. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), estima que por cada punto porcentual que aumenta la pobreza, el trabajo infantil crece 0.7%, y en México, según la Comisión Económica para América Latina, (Cepal), la pobreza creció 9.1 puntos en 2020, pasando de 41.5 a 50.6%, significando que 210,000 niñas y niños más comenzaron a trabajar conforme avanzó la pandemia de Covid-19, y que la población menor de edad que trabaja es de 3.5 millones.
Pero aunque México da un paso adelante contra el trabajo infantil, da otro hacia atrás, ya que el Congreso de la Unión eliminó las restricciones que les protegía de los trabajos riesgosos, contraviniendo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.
La reforma en la legislación integró varias restricciones para contratar adolescentes mayores de 15 años, prohibiendo que laboren en actividades agrícolas, forestales, de aserrado, silvícolas, de caza y pesca, pero el pasado 23 de febrero el Senado concluyó ese veto, si no se usan químicos, no manejan maquinaria o vehículos pesados en sus tareas.
Los argumentos del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) para convencer a los Senadores de ese cambio fueron que, al tener pocas oportunidades laborales, los adolescentes prefieren incorporarse al crimen organizado, aunque para la investigadora, Fernanda Martínez, “es una salida fácil decir que por las restricciones, los jóvenes van a ser delincuentes”, y rechazó las posturas que criminalizan a la adolescencia y juventud por estar en condiciones de pobreza. No hay pruebas cientificas que demuestren que eso sea cierto”.
Los Diputados y Senadores, se han convertido en “enganchadores” de niñas y niños en beneficio de los dueños del dinero en lugar de promover leyes para su educación.
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