“Los honestos” de la 4t
LA ESTOCADA/ Jerónimo Gurrola
Desde su primer año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para aparentar ante los mexicanos, de rectitud, honestidad y combatir verdaderamente la corrupción, bandera de su gobierno, ha insistido: Lo que queremos es gente honesta, que los servidores públicos sean 99% honestos y 1% capaces. Pero sus ocurrencias obviamente nomás no funcionan; los resultados han sido desastrosos tanto en el terreno de la honestidad como por su capacidad. Son personas sin el más mínimo escrúpulo y preparación.
Ejemplo de ello es lo revelado por el Secretario de la Función Pública del gobierno federal, Roberto Salcedo, quien recientemente dio detalles de las irregularidades en el organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), bajo la dirección de Ignacio Ovalle Fernández, organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), creado por el presidente a partir de la concentración de Liconsa y Diconsa.
Ahí explicó que tanto la SFP, la Oficialía Mayor de Hacienda, la Segob, la Secretaría de Agricultura y la Procuraduría Fiscal formaron un grupo especial de trabajo para investigar los resultados de diversas auditorías, y denuncias presentadas por servidores públicos por el deterioro de la calidad de la rendición de cuentas de Segalmex, Liconsa y Diconsa.
Según Roberto Salcedo, se investigan “actos de presunta corrupción de algunos servidores públicos, que ocasionaron una desarticulación administrativa”. El relato del funcionario, con el Presidente Amlo a su lado exhibe desorden y desacato por parte de los encargados de Segalmex: “Se observó que se incrementaron las inconsistencias en el registro de operaciones y los casos en los que no se aportó la información requerida por los auditores”.
El total de las observaciones, dijo el titular de la Función Pública, asciende a 9 mil 500 millones de pesos, por lo que se han presentado 38 denuncias y al menos 15 carpetas de investigación por la Procuraduría Fiscal de la Federación, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Secretaría de la Función Pública y la propia Fiscalía General de la República, por la presunta comisión de delitos que podrían haber ocasionado un daño patrimonial a Segalmex, Diconsa y Liconsa.
A pesar de la evidente rapiña y raterías del jefe de esta dependencia, el propio López Obrador, displicente, en lugar de aplicarle a Ignacio Ovalle la prisión preventiva oficiosa que les aplica a sus opositores políticos, explicó que el Secretario de la Función Pública estaría en una conferencia mañanera para dar un informe sobre posibles hechos de corrupción en Segalmex.
Rosario Robles fue encarcelada tres años en el penal de santa Martha Acatitla y sigue su proceso en libertad, acusada de desviar de 2 mil 200 millones de pesos en el esquema llamado la “estafa maestra” mientras que a Ovalle, cercano a López Obrador, por presentar un faltante de 9 mil 500 millones de pesos sigue cobrando en Segob como encargado del Instituto Nacional para el Federalismo.
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