La controversia generada por la ya "famosa" Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro radica principalmente en el choque entre la exigencia de control centralizado del Gobierno Federal y la iniciativa de cooperación local del Gobierno Estatal.
No perdamos de vista que la presidenta de México Claudia Sheibaum afirmó tajante, durante su mañanera, que "un gobierno estatal no puede pactar cooperación o seguridad internacional por su cuenta".
Además, dejo en claro que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros debe ajustarse a las leyes federales y pasar obligatoriamente por la autoridad central.
En ese contexto, el representante de la Segob en el estado indicó, que el diferendo "debe resolverse mediante el diálogo directo entre la administración estatal y el Ejecutivo Federal para apegarse al marco legal".
Sin embargo, el propio gobernador de Querétaro Mauricio Kuri, durante el evento mismo, defendió el proyecto iniciado junto al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, argumentando que busca mejorar la capacitación de los elementos policiales y atender las necesidades de seguridad locales. Y vaya que es un tema de alta prioridad.
¿Pero de qué lado está la razón, en éste espinoso asunto?
Tenemos que decirlo con todas sus letras. Desde el punto de vista legal y constitucional en México, la conducción de la política exterior, los tratados internacionales y la seguridad nacional corresponden de manera exclusiva al Gobierno Federal.
Por esta razón, la normatividad respalda la postura federal de que los estados no pueden establecer acuerdos internacionales de seguridad de forma autónoma.
Sin embargo, el debate persiste entre quienes consideran la acción como una falta a las atribuciones de la federación y quienes la defienden como una necesidad práctica de fortalecimiento policial regional.
