En Sesión Solemne de la LXI Legislatura del estado, los diputados integrantes de la Mesa Directiva, presidida por el diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, e integrada por las diputadas Juliana Rosario Hernández Quintanar, María Leonor Mejía Barraza y Sully Yanira Mauricio Sixtos, recibieron el Informe Anual de Actividades de la magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras.
Al inicio de la Sesión Solemne, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Sinuhé Arturo Piedragil Ortiz, solicitó un minuto de silencio, en memoria de las personas que perdieron la vida en el accidente
registrado a la altura de la comunidad de La Muralla, en el municipio de Amealco; a nombre del Congreso del Estado extendió las condolencias a sus familiares.
Al ceder el uso de la voz al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Querétaro, Juan Pablo Rangel Contreras, el funcionario expresó que la justicia administrativa es en esencia el termómetro de salud democrática de la sociedad.
Indicó que no se trata simplemente de resolver controversias entre particulares y autoridades, sino garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga siempre dentro de los cauces de legalidad y el respeto a la dignidad humana, por lo que este informe que entrega, dijo, es un documento que transparenta el esfuerzo de quienes integran este tribunal y que da cuenta del cumplimiento de su misión constitucional.
“El periodo que aquí se reseña ha sido una etapa de consolidación y de desafíos superados; nuestra labor comienza desde el primer contacto con el ciudadano en la Oficialía de Partes; nuestro rostro inicial en la institución. Esta área no sólo cumple con la recepción formal de documentos, sino que representa la puerta de acceso a la justicia, la eficiencia y el orden en la recepción de las demandas. Son los cimientos sobre los cuales se construye toda actividad jurisdiccional, asegurando que cada derecho reclamado sea encausado de manera correcta y oportuna. Reconocemos que la justicia no es real, si no es accesible. Por ello, en este tribunal se ha fortalecido la defensoría pública en materia administrativa. Estamos convencidos de que la situación económica de una persona no debe ser un obstáculo para defenderse frente a un acto de autoridad que considere injusto”, mencionó el magistrado presidente.
