El exgobernador de Querétaro, Francisco "Pancho" Domínguez Servién, se encuentra nuevamente en el centro de un escándalo; luego de ser denunciado públicamente por un presunto despojo inmobiliario de 269 hectáreas en el municipio de Huimilpan.
No es que el ex Gobernador sea ajeno a este tipo de "situaciones"; pero en esta ocasión la familia Urquiza Fernández -ahora si- presentó una queja formal ante instancias federales.
Acusan al exmandatario de operar una red de presión patrimonial para apoderarse del rancho "El Salto".
Según los afectados, el despojo se intentó mediante un fideicomiso presuntamente abusivo de la empresa MFJ Campestre.
Se señala que el exgobernador posee el 60% de las acciones de dicha firma y su hermana otro10%.
La familia Urquiza asegura que el objetivo es edificar un desarrollo inmobiliario. El rancho en disputa cuenta además con una valiosa concesión federal de agua por 360 mil metros cúbicos anuales.
Pamela Urquiza, vocera de los afectados, denunció públicamente que se han realizado cateos desproporcionados incluso con apoyo de fuerzas federales y del Ejército Mexicano. Acusa que estas acciones contaron con la complicidad -ni más ni menos- de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.
LA RESPUESTA DE PANCHO
El exgobernador difundió recién un video en redes sociales negando rotundamente haber despojado a la familia de sus tierras.
Domínguez Servién argumentó que los denunciantes están mezclando dos propiedades distintas con historias jurídicas diferentes: "El Salto" y "La Haciendita". En ese contexto afirmó no tener ninguna relación con el primero de ellos.
El Panista queretano calificó los señalamientos como difamaciones y anunció que emprenderá acciones legales en defensa de su nombre.
Ante tal escenario el fiscal general de Querétaro, Víctor de Jesús Hernández, de inmediato salió rn defensa de Pancho Domínguez y declaró públicamente -esta semana- que el exgobernador no figura en la carpeta de investigación abierta por este caso.
La maxima autoridad ministerial rn Querétaro además catalogó el asunto estrictamente como un "conflicto familiar" por la disputa histórica de tierras entre los propios miembros de la familia Urquiza.
Sin embargo, la batalla legal de esta historia apenas empieza y la conclusión de la misma no está en manos del "atípico" funcionario estatal.
