En el debate sobre el uso del polígrafo para evaluar a aspirantes políticos en Querétaro, tanto la postura del Gobernador Mauricio Kuri cómo la del Coordinador de Morena Santiago Nieto tienen argumentos válidos desde diferentes perspectivas (política, técnica y jurídica), por lo que "la razón" -en este estratégico tema- depende del enfoque con el que se analice.
El conflicto inició hace unos días luego de que el gobernador Mauricio Kuri González, se sometió públicamente a una prueba de polígrafo contratada con la empresa privada Appian.
Ésto forma parte de su propuesta "6 de 6" para un protocolo antinarcocandidatos de cara a los procesos electorales.
En respuesta, Santiago Nieto Castillo, coordinador de Morena en la entidad, calificó el mecanismo como insuficiente y cuestionó su validez.
Pero analicemos más detenidamente la postura del gobernador y del Partido Acción Nacional (PAN).
En primer lugar hay que subrayar que la propuesta se fundamenta en la responsabilidad política y la demanda ciudadana de garantizar que quienes gobiernen no tengan vínculos con la delincuencia organizada. ¿Quién se puede negar a esta iniciativa? Absolutamente nadie.
Pero incluso quienes defienden la iniciativa -como el dirigente estatal del PAN, Martín Arango- aclaran que el polígrafo no es la única herramienta, sino solo uno de seis filtros que componen la propuesta.
Porque también se incluyen la revisión de congruencia patrimonial por contadores certificados y la declaración de no conflicto de intereses, entre otras.
Pero que nadie se diga "sorprendido". Al someterse él mismo a la prueba de manera pública, el gobernador busca establecer un estándar de confianza y sobre todo "retar"de manera abierta a los candidatos de todos los partidos a hacer lo mismo para dar certidumbre a la ciudadanía.
De tal suerte que el bloque oficialista argumenta que descalificar la prueba es un "pretexto" derivado del temor a no poder comprobar la congruencia patrimonial o a reprobar los exámenes de control.
Ahora toca turno para analizar los argumentos de Santiago Nieto.
La postura del ex-servidor público y especialista en inteligencia financiera se sostiene en la falta de idoneidad científica y legal del polígrafo como prueba reina de honestidad.
Nieto señala que el polígrafo tiene aproximadamente un 70% de efectividad, lo que significa que un "mentiroso profesional" o alguien entrenado podría evadirlo sin mayores complicaciones.
Sostiene además que para blindar realmente las elecciones del crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco, se deben priorizar evaluaciones fiscales, financieras, toxicológicas, psicológicas y socioeconómicas ejecutadas por instituciones del Estado mexicano (como el SAT o la UIF), en lugar de auditorías de empresas privadas que no cruzan datos bancarios profundos.
Apunta que los criterios judiciales en México han restado validez plena al polígrafo individual por considerarlo, en ciertos contextos, inconstitucional o violatorio de derechos humanos debido a su margen de error, prefiriéndose controles sistémicos de evolución patrimonial.
